by Kathryn Ledebur & Thomas Grisaffi
Originally published by the Andean Information Network
El gobierno peruano comenzó la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, el 1 de noviembre, en un rincón de la Selva Central que estuvo fuera de la jurisdicción de la erradicación durante décadas.
Las brigadas de erradicación denominadas CORAH, y el apoyo policial comenzaron en Satipo, en el departamento de Junín, que forma parte de una región selvática del tamaño de Bélgica, conocida como el VRAEM, nombre derivado de su ubicación en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
La decisión señala un cambio importante para el gobierno peruano, que no erradicó en el VRAEM desde principios de la década de 1990 para evitar un levantamiento de cocaleros y ataques armados dirigidos por los residuos de las guerrillas del Sendero Luminoso que, anteriormente, tenían mucho poder. El VRAEM cubre distritos en cuatro departamentos, y se encuentra en estado de emergencia desde mediados de 2003, con el motivo según el gobierno peruano, “ofrecer más espacio para maniobrar a las fuerzas del orden que combaten el tráfico de drogas y los residuos de Sendero Luminoso”.
El presidente Martín Vizcarra anunció en julio que el Estado iniciaría la erradicación en VRAEM donde se cultiva más de la mitad de la coca en el Perú. Dijo que el gobierno ya no podía hacerse de la vista gorda a la fuente más grande de coca en el país. De acuerdo a la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Perú tenía 52.100 hectáreas de cultivo de coca en 2018.
Rubén Vargas, director ejecutivo de la agencia antinarcóticos del Estado DEVIDA, luego aseguró a los cocaleros y a la prensa nacional que la erradicación solamente se llevaría a cabo en territorios comunitarios indígenas y solo a su pedido, con el fin de protegerles de amenazas del narcotráfico, y firmó un acuerdo el 24 de octubre con el sindicato de cocaleros de VRAEM conocido como FEPAVRAE, afirmando: “En este sentido, el ejecutivo específica y reitera que la acción se dirige hacia erradicar la coca ilegal en los territorios de las comunidades nativas ubicadas en los distritos de Mazamari, Pangoa (y) Río Tambo, respondiendo a las peticiones y pedidos que enviaron al Ejecutivo.”2
A pesar del acuerdo y de las promesas repetidas, la erradicación comenzó al amanecer el 1 de noviembre, cuando erradicaron pequeñas parcelas de cultivos de coca que se hallaban fuera del territorio indígena. Los cocaleros y otros campesinos se opusieron a la erradicación y se defendieron ante las fuerzas del orden. Los campesinos estaban armados solo con palos y piedras. Los oficiales respondieron disparando, lo que constituye un claro uso de fuerza desproporcionada y una violación de las leyes internacionales en defensa de los derechos humanos.3 Los disparos hirieron a cuatro campesinos. Rubén Leiva, quien era parte del grupo que resistía la erradicación, dijo que la acción del gobierno fue excesiva.
“Tenemos un gobierno abusivo. Nos golpean duro a los cocaleros… nos dispararon con gases lacrimógenos, con armas de alto calibre, por eso tenemos que protestar. Iniciaremos una huelga de larga duración y bloqueos desde el 5 de noviembre,” declaró. Aunque los cocaleros firmaron un acuerdo el 1 de noviembre con el comandante regional de la policía para suspender la erradicación hasta que se entablara el diálogo, el 3 de noviembre, las fuerzas de seguridad comenzaron a arrancar las plantas en las comunidades cercanas a Pangoa que cultivan coca.
Si bien se esperaba una reacción, varias decisiones adoptadas por el Estado en las últimas semanas exacerbaron tensiones. La erradicación comenzó en el distrito Mazamari, a pesar de las peticiones reiteradas de los grupos organizados de campesinos para entablar el diálogo y de haber llegado a un acuerdo para reducir la producción de cultivos de coca. Mazamari tiene una cantidad de coca que es casi nula, pero es el distrito más accesible desde la capital de provincia, Satipo. El Estado también había hecho énfasis de que estaba ingresando a la zona por pedido de comunidades indígenas Ashaninka, que temían apropiaciones de tierras para plantar coca. La pequeña cantidad de coca producida en Mazamari no se halla en territorio reconocido como perteneciendo a la comunidad Ashaninka.
El Primer Ministro Vicente Zeballos, quien se encontraba en distintas partes de VRAEM el 24 de octubre, dijo a los cocaleros que el Estado estaba interesado en una “reducción gradual” de los cultivos de coca, y que DEVIDA había estado hablando a los campesinos en toda la zona VRAEM durante meses antes de iniciar la erradicación para llegar a acuerdos mutuos.
La necesidad impulsa el cultivo de la coca
Entre las preocupaciones expresadas por los campesinos se encuentran las condiciones económicas cambiantes en Satipo y otras áreas a lo largo de la región amazónica peruana, donde crece coca o puede cultivarse. Durante las últimas décadas, los campesinos, incluyendo a los productores de coca, han estado plantando café y cacao como cultivos comerciales.
Durante la última década, los pequeños campesinos de la Selva Central cultivaban mayormente café. Yusbel Almonacid Santos explica que, hasta hace diez años atrás, el precio era alto; un kilo se vendía entre 8 a 9 soles (2.40 a 2.70 u$ dólares). “La gente estaba emocionada por el café; era “el grano de oro”. Pero en 2010, un hongo, la roya del café, destruyó la mayoría de las plantas de la región. El 2015, los campesinos se beneficiaron de los préstamos ofrecidos por el Banco Agrario del Estado para volver a cultivar su tierra. Pero poco después, el precio del café se desplomó a 2 soles (alrededor de 0.60 u$ dólares). Actualmente, está en aproximadamente cinco soles el kilo (1.50 u$).
La producción del café requiere mucha inversión en términos de trabajo y dinero. Una vez que se cosecha, el café debe limpiarse, pelarse, secarse y transportarse al mercado. Almonacid explicó que, como resultado de ello, “genera más trabajo que ganancia.” Estima que actualmente pierde dinero al cultivar café, más de lo que genera ingresos. Otros cultivos tienen otros problemas, o no crecen en las pendientes agudas de los cerros, o su precio es bajo, por lo cual no son económicamente viables.
La líder sindical campesina Marianne Zavala explica que “no nos sirve si el precio es solo de 5 soles; esto apenas basta para pagar a quienes lo cosechan, pero no queda nada para el campesino… De hecho, cosechar el café, en realidad, te puede dejar endeudado porque debes pagar a los trabajadores, así que mucha gente ni se preocupó de la cosecha el año anterior… no cosecharon.”
La Selva Central, sufre de altos niveles de pobreza4, Carlos Chavarria presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de la Selva Central dijo que la desnutrición y la anemia son comunes en las comunidades campesinas. Alejandro Cortez, quien cultiva café, resaltó la situación difícil que se vive. Dijo que no había podido reemplazar sus pantalones rotos y sus botas de goma desgastadas por falta de ingreso. Alejandro presentó a sus hijos, quienes tenían el vientre hinchado “…Miren la comida que comen mis hijos – solo es sopa, no me alcanza para nada mejor que eso.”
Al deber dinero al banco y tener hijos que alimentar, las personas recurren al cultivo de coca como alternativa. Zavala explicó la importancia de la coca: “Cuando la roya del café mató las plantas, las personas que tenían algo de coca pudieron sobrevivir. Quienes no la tenían, tuvieron que fueron a otro lado. La coca fue nuestra salvación.” Continuó diciendo que “para nosotros, la coca es como una pequeña caja de ahorros. Nos paga lo suficiente como para que nos alcance.”
Carlos Ticse Quispe, alcalde del distrito Llaylla, apoya el cultivo de la coca. “Yo debo apoyar a los campesinos. El precio del café es menor a 5 soles; el precio de la piña es bajo, de la banana es bajo, los campesinos no tienen nada que les permita sobrevivir… si los campesinos tienen una hectárea o media hectárea de coca, es porque tienen necesidad. Con el dinero que obtienen de la coca, pueden comprar comida, nada más.” Alejandro expresó su acuerdo: “De alguna manera debo alimentar a mis hijos,” dijo.
La Junta Nacional del Café (JNC) del Perú advirtió durante la mayor parte del año que los precios bajos podrían obligar a los campesinos que habían cambiado a café a regresar a la coca. Esto se escucha no solo en Satipo sino a lo largo de valles donde se cultiva la coca, donde los programas de sustitución y desarrollo de cultivos, combinados con erradicación, redujeron significativamente el cultivo de la hoja. Tomás Córdova, Jefe de la JNC, le dijo a Reuters el pasado febrero que los campesinos regresarían a la coca si las condiciones con el café y otros cultivos no mejoraban.5
Satipo y VRAEM
Mientras que DEVIDA y otras agencias hablaron acerca de las condiciones económicas en Satipo y otras partes de VRAEM, no formaron parte de la estrategia cuando el Ministerio del Interior anunció que este año la meta de la erradicación es de 750 hectáreas de coca. Las áreas principales incluyen Alto Anapati en el distrito Pangoa, así como los distritos de Mazamari y Río Tambo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) declaró en su informe más reciente que Satipo tiene aproximadamente 3.600 hectáreas de coca bajo cultivo. Los cultivos de coca, que estuvieron en descenso los últimos años, han regresado debido a problemas con el café y otras cosechas.
De los distritos originalmente señalados para erradicación, UNODC listó 81 hectáreas en Mazamari, 303 hectáreas en Pangoa y 967 en Río Tambo. El gobierno del Perú ha declarado que no habría erradicación en Vizcatán del Ene, otro distrito en Satipo que es más remoto y donde los remanentes de Sendero Luminoso podrían jugar un rol. El distrito tiene 2.242 hectáreas de coca, de acuerdo a UNODC.
El esfuerzo inicial en Mazamari y probablemente en otras zonas en Satipo servirá como caso de prueba de la administración en la implementación de su estrategia para la zona de emergencia de VRAEM.
La zona de emergencia ha variado en tamaño y alcance; el número de distritos actualmente en emergencia es 34, la cifra más baja en años. Los 34 distritos se hallan distribuidos a lo largo de cuatro regiones en Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.
VRAEM ha sido la fuente más grande de coca en el Perú esta década, con un promedio de 19.747 hectáreas de coca cultivada desde 2010, según UNODC. La cantidad más alta, 21.646 hectáreas, fue registrada en el informe 2018 de UNODC. No todos los distritos están bajo estado de emergencia, son solo las regiones cocaleras y no todas ellas tienen presencia del Sendero Luminoso. VRAEM también se convirtió en una importante fuente de cocaína y pasta base.
Los distritos elegidos en Satipo han sido parte de la región cocalera de la Selva Central durante décadas. También fueron sumamente afectados por Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno, 1980-1992, particularmente en los últimos años. Los distritos albergan una importante población indígena. Los Ashaninka son la población indígena más grande de la zona, seguidos por los Nomatsiguenga, que se ubican principalmente en Pangoa. La Comisión de la Verdad, que investigó la violencia política entre 1980 y 2000, reportó que de los 55.000 Ashaninka que se estimaba se encontraban en la Selva Central aproximadamente 10.000 fueron desplazados forzosamente, 6.000 fueron asesinados y 5.000 fueron esclavizados por Sendero Luminoso.
Voluntad política
El Ministro del Interior Morán dijo que los distritos en Satipo fueron elegidos inicialmente para la erradicación pues presentaban condiciones consideradas apropiadas. Zavala explicó la perspectiva cocalera: “Nos eligieron porque somos los más pobres y nos ven débiles, a pesar de que tenemos muy poca coca.”
Dijo que el primer tema se refería a la amenaza de la violencia política, que se redujo en la zona objetivo. Dijo que, mientras los residuos del Sendero Luminoso se mantuvieron activos en algunas partes de VRAEM, fueron arrinconados y sufrieron pérdidas importantes, que incluyen el arresto de un comandante militar a principios de julio en la región de Huancavelica y la muerte de otro a inicios de agosto. Los militares dijeron que Juan Carlos Badajoz, muerto en Ayacucho, era un miembro del comité central de este grupo de forajidos.
“La presencia del Sendero Luminoso bajó operativamente en VRAEM, así que se tomó la decisión política de intervenir en áreas que no son tan activas, incluyendo Mazamari, Río Tambo y Alto Anapati,” dijo el ministro. Dijo que el elemento más importante, sin embargo, es la voluntad política. Dijo que las brigadas de erradicación (Corah) no ingresaron a VRAEM ya que el gobierno anterior decidió no hacerlo. En VRAEM, lo único que se necesita para erradicar allí es la voluntad política,” dijo.
La decisión requerirá que el gobierno reajuste su estrategia para Corah que ha visto incrementar su área de operación en los últimos dos años. Corah se enfocaba principalmente en Alto Huallaga, principalmente de las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. Su nombre completo es el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga – Corah.
En 2018, enviaron a Corah a erradicar coca en la provincia de Putumayu en la región de Loreto, en la frontera con Colombia. La provincia estuvo bajo estado de emergencia intermitentemente desde mediados de 2018 y la policía nacional y las fuerzas armadas lanzaron la cuarta fase de su Operación Armagedón en octubre. Otra provincia en Loreto, Mariscal Ramón Castilla, también en la frontera con Colombia, se agregó al estado de emergencia en agosto.
Corah erradicó 6.181 hectáreas de coca en los primeros diez meses del año. La cantidad erradicada representa un incremento significativo de coca cultivada. El último informe de UNODC incluye 1.376 hectáreas en Putumayo.
Las brigadas de erradicación ingresaron a San Gabán en el estado sudoriental de Puno en abril. De inmediato se enfrentaron a resistencia y mataron a dos cocaleros. Se llegó a un acuerdo luego de dos semanas con organizaciones locales que permitieron la erradicación de coca en la zona de amortiguación del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Corah reportó 5.620 hectáreas erradicadas en San Gabán y distritos aledaños a lo largo de octubre, que también reflejarían un incremento sustancial. UNODC reportó 1.296 en su informe.
Morán dijo que el gobierno no puede esperar más para ingresar a VRAEM. “Yo no deseo responder por los gobiernos anteriores, pero este gobierno está comprometido a hacer su trabajo. VRAEM es la principal zona cocalera en el país y la segunda área es San Gabán en Puno. El Ministro del Interior anunció el 2 de noviembre que más de 22.000 hectáreas de coca habían sido erradicadas entre el 16 de febrero, cuando comenzó la campaña de este año, y el final de octubre. Se erradicó coca en cuatro áreas, en los departamentos de Loreto y Ucayali, y en dos zonas fronterizas, incluyendo El Valle Pichis-Palcazú-Pachitea, entre Huánuco y Pasco, y la zona San Gabán, que se halla principalmente en Puno, pero también incluye una pequeña parte de Cusco. La meta para el año es erradicar 25.000 hectáreas.6
¿El modelo boliviano para controlar la coca?
La decisión de ingresar a Satipo con una erradicación forzosa tradicional también parece poner fin a la posibilidad de utilizar un modelo similar al que se utiliza en el vecino país de Bolivia.
En una reunión nacional sostenida en Mazamari el 30 de octubre de 2019, los productores de coca se reunieron para discutir la amenaza inminente de la erradicación. Los delegados incluyeron a representantes de la Selva Central y de otras regiones productoras de coca, incluyendo Alto Huallaga, la zona mayor de VRAEM. También hubo un gran contingente de líderes de las comunidades indígenas de Ashaninka, quienes de acuerdo a DEVIDA son víctimas de la expansión de la producción de coca que invade sus tierras y son presionados por narcotraficantes.
Los productores de coca expresaron su enojo ante la amenaza de la erradicación. El Alcalde Carlos Quispe dijo “muchos campesinos me dicen, con lágrimas en los ojos, mira, tengo media hectárea de coca. La van a erradicar. Eso significa que mis hijos van a tener que dejar la universidad. ¿Está bien eso? No, no lo está.”
La líder sindical Zavala expresó su preocupación acerca de lo que la erradicación significaría para su comunidad. “Me preocupa pues ellas (las fuerzas de la seguridad) quieren venir a mi zona, y yo sé que nunca más viviremos en paz. Habrá inseguridad y si arrancan nuestras plantas, entonces ¿qué comerán nuestros hijos? ¿Qué haremos? Yo, como mujer, como madre, estoy muy preocupada, pues cuando entra la policía, golpean a la gente, incluso matan a gente. Y eso me preocupa muchísimo.”
Muchos delegados dijeron que sintieron que el Estado les había “abandonado”, y que este les había dejado desprotegidos. El debate se enfocó en el compromiso del Perú hacia el libre mercado, que los campesinos creen disminuye los precios de los productos que ellos cultivan, como la piña, el cacao y los cítricos. Los líderes también culparon a DEVIDA por no ofrecerles alternativas económicas realistas a la coca.
“DEVIDA – ellos gastan 80 por ciento del dinero que reciben en salarios y autos para ellos mismos. Para cuando nos llega, solo recibimos un saco de fertilizante y un machete. ¡Eso no es desarrollo!” Continuó poniendo énfasis en la falta de confianza que tienen los cocaleros en la institución: “DEVIDA nos divide. Ese es su trabajo. No estarán felices de que tengamos esta reunión,” dijo Almonacid, el productor de café.
Los delegados desarrollaron propuestas para el control de la coca, inspirándose en el modelo boliviano.7 Con el liderazgo del líder sindicalista veterano Serafín Luján, los delegados acordaron que limitarían la cantidad de coca a una hectárea o incluso media hectárea de coca por miembro del sindicato, y que negociarían con el Estado para gradualmente reducir esta cantidad. Por su parte, se esperaría que el Estado invierta en comunidades rurales, expandiendo la infraestructura y ofreciendo asistencia para apoyar a pequeños productores estableciendo plantas de procesamiento para sus productos y abriendo mercados nuevos.
El líder sindical Rubén Leiva dijo: “Le pedimos al gobierno que nos ofrezca alternativas a la erradicación forzosa: queremos implementar el modelo boliviano. Queremos la reducción gradual de la coca junto con el desarrollo integrado con el control comunal de la coca8. Eso es lo que queremos estamos dispuestos a hacerlo. Nos gustaría negociar esto con el gobierno, pero solo esperamos que quieran hablar con nosotros”.
Zavala, líder sindicalista que formó parte de la delegación que viajó a Bolivia en agosto de 2019 para reunirse con productores de coca y oficiales gubernamentales allí, dijo que ella quedó impresionada por cómo en Bolivia el gobierno coopera con las comunidades de cocaleros para promover el desarrollo integrado, permitiendo que los campesinos diversifiquen su producción mientras que les permitía una pequeña cantidad de coca para garantizar su subsistencia.
“Aquí tenemos una pequeña cantidad de coca, tal vez un cuarto de hectárea, media hectárea como máximo. Podríamos hacer un proyecto piloto del modelo boliviano aquí… Yo sé que podría funcionar bien; estamos dispuestos a hacer esto. Lo que necesitamos es el compromiso del gobierno de que trabajarán con nosotros,” dijo ella.
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1 Traducido del inglés por: Pedro Albornoz Camacho, Carlos Jaime Fuentes López, Ana Carolina Gálvez Morales
2 Acta de la reunión entre el Ejecutivo, Autoridades, Organizaciones Sociales del VRAEM. 1, párrafo 2.24 de octubre, 2019. Disponible a pedido.
3 Principios básicos del uso de fuerza y armas de fuego por oficiales de la ley, adoptados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el tratamiento de ofensores. La Habana, Cuba. 27 de agosto a 7 de septiembre, 1990. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
4 https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/PERFIL-JUNI%CC%81N.pdf
5 https://www.reuters.com/article/us-peru-drugs/coffee-farmers-in-peru-abandon-crops-to-grow-coca-group- idUSKCN1QE2ON
6 “CORAH ERRADICÓ MÁS DE 22,000 HECTÁREAS DE HOJA DE COCA EN LO QUE VA DEL AÑO.” Nota de prensa emitido por el Ministerio Peruano del interior. 2 de noviembre, 2019.
7 Ver Farthing, L. y K. Ledebur (2015). Habeas Coca: El control comunitario de coca en Bolivia. New York, Open Society Foundations. Grisaffi, T; Farthing, L; Ledebur, K (2017) “Integrated development with coca in the Plurinational State of Bolivia: shifting the focus from eradication to poverty alleviation.” Bulletin on Narcotics LXI: 131-157.
8 Control Social se refiere al autocontrol comunitario en zonas permitidas de producción de coca